El Modelo de Desarrollo Compartido, impulsado en México durante la década de 1970, surgió como una alternativa para enfrentar los problemas económicos derivados de las crisis recurrentes, la desigualdad y la dependencia del capital extranjero.
Esta estrategia buscaba un equilibrio entre crecimiento económico y distribución equitativa de los beneficios, priorizando la intervención del Estado y la cooperación entre sectores productivos. Al analizar las ventajas de este enfoque, se pueden identificar varios aspectos que lo posicionan como una opción interesante en su contexto histórico y social.
Ventajas del Modelo de Desarrollo Compartido
Promoción del desarrollo social
Uno de los principales beneficios del modelo fue su enfoque en mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable. El gobierno asumió un papel activo en la creación de programas sociales que buscaban reducir la pobreza, mejorar el acceso a la educación y garantizar la salud pública.
Estas iniciativas lograron una expansión de los servicios básicos, beneficiando especialmente a las zonas rurales y marginadas, que hasta ese momento habían sido desatendidas en el proceso de industrialización.
Reducción de la dependencia externa
El Modelo de Desarrollo Compartido también pretendía reducir la dependencia económica del país respecto a los capitales y recursos del extranjero. A través de políticas que favorecían la inversión nacional y la creación de empresas públicas, se fomentó un mayor control sobre sectores estratégicos como la energía y la minería.
Este enfoque permitió que México pudiera manejar con mayor autonomía sus recursos naturales, disminuyendo la vulnerabilidad ante las fluctuaciones de los mercados internacionales.
Estabilidad económica a través de la intervención estatal
Una ventaja significativa fue la intervención del Estado en la economía, que actuaba como regulador y promotor del crecimiento económico. El gobierno implementó políticas fiscales y monetarias que estabilizaron la inflación, mientras que las empresas estatales y los subsidios garantizaban el funcionamiento de sectores clave.
Esta estrategia ayudó a evitar los desequilibrios de la economía de mercado, protegiendo a las industrias nacionales y facilitando un desarrollo más sostenido.
Fomento a la industrialización y modernización
El modelo también impulsó la industrialización del país, promoviendo la modernización de sectores productivos y el fortalecimiento de la infraestructura. Se realizaron inversiones importantes en el desarrollo de nuevas tecnologías, así como en la mejora de los sistemas de transporte y comunicación.
Estas acciones no solo contribuyeron al crecimiento de la economía, sino que también generaron empleo y favorecieron la creación de nuevas oportunidades en diversos sectores.
Mayor participación de los sectores populares
Otro aspecto positivo del Modelo de Desarrollo Compartido fue su énfasis en la participación activa de los sectores populares, a través de la creación de sindicatos y organizaciones campesinas.
El Estado fomentó la organización de los trabajadores y campesinos, dándoles voz en las decisiones políticas y económicas que afectaban sus condiciones de vida. Esto generó un sentido de inclusión y permitió que los sectores menos privilegiados tuvieran una mayor capacidad de influencia en el rumbo del país.
Reducción de las desigualdades
Finalmente, uno de los objetivos principales del modelo fue reducir las desigualdades sociales y económicas mediante una redistribución más equitativa de la riqueza. Las políticas implementadas contribuyeron a disminuir la concentración del poder económico en unas pocas manos y garantizaron un acceso más justo a los recursos del Estado.
Esta redistribución favoreció un crecimiento más inclusivo, lo que a su vez fortaleció la cohesión social y redujo los conflictos derivados de la marginación.
Desventajas del Modelo de Desarrollo Compartido
Incremento de la deuda externa
Aunque el modelo pretendía reducir la dependencia externa, en la práctica terminó recurriendo al endeudamiento como fuente principal de financiamiento para sus proyectos. Las inversiones en infraestructura, programas sociales y subsidios requirieron una gran cantidad de recursos que el Estado no podía generar internamente, lo que llevó a la adquisición de préstamos internacionales.
A lo largo del tiempo, esta creciente deuda se volvió insostenible, comprometiendo seriamente la estabilidad económica y provocando una crisis financiera que afectaría al país en las décadas posteriores.
Excesiva intervención del Estado en la economía
Otro aspecto negativo fue la sobrerregulación estatal, que en muchos casos sofocó la iniciativa privada y el libre mercado. El control estatal sobre sectores clave de la economía, junto con la creación de empresas públicas, llevó a una burocracia ineficiente y a problemas de corrupción.
Las empresas estatales, al no estar sometidas a la competencia, operaban muchas veces con pérdidas, lo que obligaba al gobierno a subsidiarlas, incrementando el gasto público y debilitando la confianza en la capacidad de gestión del Estado.
Inflación y déficit fiscal
A pesar de los esfuerzos por mantener una economía estable, las políticas del Modelo de Desarrollo Compartido contribuyeron al aumento de la inflación y a un déficit fiscal significativo. El incremento del gasto público, combinado con la necesidad de cubrir las pérdidas de las empresas estatales, generó presiones sobre el presupuesto nacional.
Como resultado, el Estado se vio obligado a imprimir más dinero, lo que alimentó la inflación, reduciendo el poder adquisitivo de la población y afectando el consumo interno.
Desigual distribución de los beneficios
Aunque el modelo buscaba la redistribución equitativa de la riqueza, en la práctica, muchos de los beneficios no llegaron a las clases más necesitadas. La concentración del poder económico y político en ciertos grupos privilegiados siguió siendo un problema persistente.
Las reformas agrarias, por ejemplo, no lograron el impacto esperado en las comunidades campesinas, mientras que los grandes industriales y terratenientes continuaban acaparando una gran parte de los recursos. Esto generó un sentimiento de frustración entre los sectores populares, que no vieron mejoras sustanciales en sus condiciones de vida.
Falta de sostenibilidad económica a largo plazo
El Modelo de Desarrollo Compartido no logró consolidar una base económica sostenible a largo plazo. Aunque inicialmente impulsó el crecimiento y la modernización, dependía excesivamente de la intervención del Estado y de un entorno económico internacional favorable.
Cuando los precios del petróleo cayeron en la década de 1980, la economía mexicana, que se había basado en gran parte en las exportaciones petroleras, sufrió un duro golpe. El país enfrentó una severa recesión, poniendo de manifiesto la falta de mecanismos adecuados para enfrentar crisis externas.
Pérdida de confianza en las instituciones
Finalmente, el deterioro institucional fue una consecuencia indirecta del modelo. La centralización del poder y la creciente injerencia estatal en casi todos los aspectos de la vida económica y social llevaron a un aumento de la corrupción y la ineficiencia en las instituciones públicas.
Esto debilitó la confianza de los ciudadanos en el gobierno, creando un ambiente de descontento social. Las promesas incumplidas del modelo, sumadas a las crecientes dificultades económicas, provocaron una mayor polarización política y una sensación de incertidumbre sobre el futuro del país.
El peso del cambio y la duda inevitable
Como podemos ver, el Modelo de Desarrollo Compartido ofreció tanto ventajas como desventajas significativas, destacando en algunos momentos como una opción viable para el desarrollo, pero a la vez mostrando importantes limitaciones que comprometieron su éxito a largo plazo. ¿Es posible hoy en día diseñar un modelo económico que equilibre desarrollo y equidad sin caer en los mismos errores del pasado?